Las
mujeres del medio rural resultan determinantes para su vertebración territorial
y social, y son un vector para la innovación y el emprendimiento rural. Sin
embargo, en el medio rural todavía se mantienen escenarios de desigualdad entre
mujeres y hombres en un grado más acusado de lo que ocurre en el medio urbano.
Las mujeres representan más de un
tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares,
pero, en la mayor parte de los casos, tan sólo los hombres figuran como
titulares de las explotaciones mientras que ellas aparecen como cónyuges en la
categoría de “ayuda familiar”.
Pese a que la inmensa mayoría de
las mujeres agricultoras comparten las tareas agrícolas de las explotaciones
familiares con sus parejas, estas actividades son vistas como una extensión de
sus tareas domésticas y de cuidados.
Con objeto de paliar esta situación
de desigualdad e invisibilización del trabajo de las mujeres rurales en el
sector agrario y las consecuencias negativas que de ella se derivan, el 5 de
enero de 2012 entró en vigor la Ley
35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias
con los objetivos de:
§ Profesionalizar
la actividad agraria de las mujeres.
§ Mejorar
la participación femenina en las organizaciones agrarias.
§ Visibilizar
el trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias.
§ Fomentar
la igualdad y mejorar la calidad de vida en el medio rural.
§ Ayudar
al asentamiento de la población rural.
En 2011, en
entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, publicó un estudio
denominado: Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural. Este documento recoge una serie de datos que
sirven como punto de partida para la Ley sobre Titularidad Compartida.
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/DIAGN%C3%93STICO%20COMPLETO%20BAJA_tcm30-101391.pdf
El medio rural
nacional integra 6.694 municipios y ocupa una superficie de más de 426.000 km2,
lo que supone el 84,5 % del territorio nacional y el 83 % del total de los
municipios españoles. El 17,6 % de la población española reside en el medio
rural, de la cual el 51 % son hombres y el 49% mujeres.
La situación
sociodemográfica muestra tres características fundamentales: envejecimiento,
masculinización y sobrecualificación femenina.
La
elevada tasa de envejecimiento en el medio rural aumenta las cargas de trabajo
de cuidado en las mujeres de edades intermedias. El trabajo de cuidado recae
fundamentalmente en las mujeres, disminuyendo su presencia en el mercado
laboral. En cambio, el trabajo productivo sigue siendo la actividad principal
para los hombres en cualquier etapa de su vida. La falta de corresponsabilidad
entre hombres y mujeres expulsa del mercado laboral al 29,8 % de las mujeres
que realizan trabajo doméstico no remunerado como principal actividad.
El
papel de la mujer en el entorno rural es una cuestión que desde la promulgación
de la Ley 35/2011 ha ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en las
políticas agrarias. De hecho, promover la visibilidad y el empoderamiento de la
mujer rural, es uno de los de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico
de la Política Agraria Común en España para el período 2021-2027; y dentro de dicho
objetivo la Ley de Titularidad Compartida es una herramienta clave.
En
2021 se ha llevado a cabo un nuevo Diagnóstico de la Igualdad de Género en el
Medio Rural por parte del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/diagnostico_igualdad_mediorural_2021_tcm30-615197.pdf
En
este estudio, si bien no se han invertido las tendencias que evidenciaba el realizado
en 2011, sí que se reflejan datos esperanzadores como es el aumento
de la participación de las mujeres en el empleo, con una tasa de empleo
femenina del 51,6%, frente al 49% registrado en 2011 y la reducción de la
brecha laboral de género con respecto a hace una década que es en la actualidad
de 9 puntos porcentuales.
Considero que los objetivos de la
Ley 35/2011 están muy bien definidos y son adecuados para lograr reconocer el
papel de la mujer en el medio rural en general y el sector agrario en particular.
Fijar población a este entorno y esta actividad económica fundamental para la
sociedad pasa ineludiblemente por revertir la desigualdad de género, y mediante
la puesta en marcha de esta ley, la administración ha reconocido su trascendencia
y ha emprendido acciones concretas y tangibles para llevar a cabo la
transformación social necesaria.
Sin embargo, después de más de una
década desde su entrada en vigor, los avances que pretendía han sido tímidos, y
los objetivos que persigue aún están lejos de alcanzarse. Cuestiones de gran
calado en la desigualdad de género en el medio rural como son el mantenimiento
de ideas y estereotipos en una población de elevada edad, precisan de una
intensa labor de divulgación y educación de la sociedad. Si se establecieran
sinergias con otras áreas de la Administración que tuvieran en cuenta estas
necesidades, creo que, sin duda, los progresos serían mayores. Al fin y al cabo,
no debe perderse de vista que la igualdad de género tiene un carácter transversal,
y una única herramienta no es suficiente para avanzar en esta forma de
discriminación.
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